"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Formación y Empleo
El CERMI traslada su preocupación por la política llevada por el Ministerio de Educación con respecto a casos de discriminación
17/01/2012
El CERMI ha trasladado a la nueva secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, su preocupación por la política que hasta ahora ha llevado el Ministerio de Educación con respecto a las situaciones de discriminación, en las cuales se ha denegado la matriculación en un colegio por razón de discapacidad, alegando no contar con los recursos adecuados.
En este sentido, el CERMI hace referencia a unos casos concretos que ha recibido en los últimos meses, que responden a una presunta discriminación de menores por razón de discapacidad, ya que no han sido admitidos en colegios españoles adscritos al Ministerio de Educación, situados en Lisboa y París.
Según el CERMI, denegar una plaza en dichos colegios por razón de discapacidad, alegando la no disposición de medios para atender sus necesidades, “vulnera su derecho de educación inclusiva en igualdad de oportunidades”.
Así, el CERMI recuerda que la legislación española reconoce y protege el derecho de no discriminación e igualdad de oportunidades de los niños y niñas con discapacidad. Para el Comité, este derecho lleva implícito la adopción de medidas de apoyo de diferente naturaleza que permiten alcanzar una igualdad material, tal y como promulga nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Tribunal Constitucional.
En cuanto al derecho de educación inclusiva, el CERMI explica que está reconocido en la Convención de la ONU y en la Constitución Española, y que la Ley de Educación dispone en uno de sus artículos de la obligación de adaptación de las enseñanzas al alumnado con necesidades específicas educativas de apoyo y, cuando la diversidad lo requiera, se acordarán medidas organizativas y curriculares pertinentes.
“Los recursos son siempre escasos y estamos obligados a hacer una gestión eficiente y eficaz de los mismos, pero nuestras leyes prohíben la discriminación por razón de discapacidad y cualquier decisión que vulnere un derecho fundamental por esta razón es ilegal y, por tanto, nula de pleno derecho”, señala el CERMI.
Para el Comité, “no parece legítimo denegar el acceso al colegio por falta de recursos más aún cuando la alternativa educativa en estos casos no existe y, entre otros, se podría también vulnerar el derecho de educación reconocido por el Estatuto de Ciudadanía Española en el exterior”.
Desde el CERMI, se pide al Ministerio de Educación que adopte en esta legislatura una posición respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad que cursan estudios en colegios situados en el extranjero.
Asimismo, continúa su carta a la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, el CERMI advierte que promovería las acciones judiciales oportunas, bajo el prisma de la LIONDAU, para conseguir la protección y reconocimiento de los derechos de los menores afectados y, en su caso, sancionar la conducta discriminatoria.
